El Estado en desacato

La cita anual de la justicia constitucional tuvo lugar la semana pasada en Bucaramanga. Bajo el liderazgo de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, se adelantó el XXI encuentro de esa corporación. Los debates fueron apasionantes: derechos sociales, democracia, salud, pensiones y el papel de las instituciones en la defensa de la Constitución. Una cuestión atravesó las discusiones: la tensión entre el reconocimiento de los derechos y los recursos necesarios para hacerlos efectivos.

En materia de tutela, las cifras muestran la dimensión del problema. Entre enero y agosto de este año se recibieron 781.484 acciones, un 26 % más que en el mismo periodo de 2025. El año pasado se radicaron más de 1,2 millones en los despachos judiciales. El derecho a la salud ocupa un lugar central en este panorama: cerca de 315.000 tutelas correspondieron a ese sector, un 18 % más que en 2024, y el 78 % se falló a favor del paciente.

La protección del derecho a la salud enfrenta, además, el problema del cumplimiento. Se ha señalado que cerca del 60 % de estas tutelas terminan en desacato. La orden judicial se obtiene, pero no se cumple: a la falla administrativa se suma el incumplimiento de la decisión que debía corregirla. Obtener una sentencia y tener que reclamar después su ejecución convierte la protección constitucional en un recorrido interminable. El paciente no necesita coleccionar decisiones favorables: necesita el medicamento, el tratamiento o la cirugía. La eficacia de un derecho se mide en la vida del ciudadano.

El nuevo gobierno debe concentrarse en recuperar el funcionamiento de los sectores que determinan esa vida: educación, salud, energía, seguridad y pensiones. Su éxito deberá reflejarse en que menos personas necesiten una tutela para acceder a servicios esenciales. La situación fiscal obliga, además, a hablar con claridad.

También llegará el momento de discutir una reforma de la tutela. La primera tarea consiste en fortalecer la capacidad de la Corte para concentrarse en los asuntos de mayor relevancia constitucional. Colombia ya tiene revisión eventual y criterios de selección. El debate debe centrarse en su eficacia, tomando elementos del certiorari estadounidense para priorizar casos que permitan unificar jurisprudencia o enfrentar vulneraciones graves y extendidas.

Otra experiencia que merece estudiarse es la cuestión prioritaria de constitucionalidad francesa. Durante un proceso, una persona puede cuestionar una disposición legal que considere contraria a los derechos y las libertades constitucionales. Mediante filtros judiciales, el asunto puede llegar al Consejo Constitucional. Su objeto es examinar la norma aplicable al litigio. Es una referencia para pensar cómo resolver oportunamente problemas constitucionales dentro de los procesos.

La segunda discusión concierne a las tutelas contra sentencias de las altas cortes. Propongo que cualquier control excepcional quede reservado a otra alta corporación, con competencias expresas y causales estrictas. Las decisiones de cierre necesitan estabilidad; su revisión constitucional debe responder a una vulneración grave y acreditada. Una reforma de esta naturaleza debe debatirse en el plano constitucional, preservando tanto los derechos fundamentales como la seguridad jurídica.

Un Estado no puede esconder los derechos detrás de sus dificultades fiscales ni creer que las acciones judiciales reemplazan su eficacia. La tutela debe conservar su fuerza, pero su existencia no releva al Gobierno de cumplir sus obligaciones. Gobernar exige convertir las promesas en servicios que funcionen. Una democracia no puede resignarse a que conseguir un medicamento, una pensión o un cupo escolar dependa de una orden judicial. Cuando el ciudadano tiene que litigar para vivir con dignidad, el Estado ha incumplido su razón de ser.